INFORME SOBRE HOMICIDIOS Y MASACRES, EN LOS 6 MESES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DECRETOS: 2658 Y 2659 DE 2022, EN LOS DEPARTAMENTOS DE: MAGDALENA, CESAR Y LA GUAJIRA

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pdhal
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EN LOS CUALES SE ESTABLECE UN CESE AL FUEGO BILATERAL Y TEMPORAL DE CARÁCTER NACIONAL, EN EL MARCO DE LOS ACERCAMIENTOS Y CONVERSACIONES ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA (AGC) Y LAS AUTODEFENSAS CONQUISTADORAS DE LA SIERRA (ACSN) EN LOS DEPARTAMENTOS DE: MAGDALENA, CESAR Y LA GUAJIRA.

INTRODUCCIÓN:

La Paz Total implica retos y voluntades, pero también involucra mecanismos de monitoreo y seguimiento que se establecen para mediar las actuaciones y los compromisos en los territorios, sobre todo en los rurales, donde es escasa la presencia de la fuerza pública y en algunas, la ausencia del Estado. Lo que hoy se conoce como paramilitarismo (término que hace parte de una discusión académica en contraste) se apoderó de varias regiones estableciendo dinámicas violentas propias y generando, en todos los casos, procesos de revictimización que partieron de victimizaciones primarias.

Estas modificaciones en las dinámicas sociales adquieren gran repercusión porque, de manera mayoritaria, se establecieron sobre territorios que son resguardos indígenas y sujetos de reparaciones colectivas y restablecimientos de derechos, como las zonas PDET. Un ejemplo de ello es la vereda la Secreta (municipio de Ciénaga) que fue Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) y de donde en abril de 2022, fueron desplazadas más de 350 familias por combates entre las AGC y las ACSN. Su retorno se planificó varios días después, pero desde diciembre volvió a quedar en manos del paramilitarismo.

La metodología de medición de estos meses sobre los cuales se basa este informe, parte de tres elementos: a) revisión diaria de prensa, b) entrevistas en terreno y c) contratación de las fuentes. Para la medición cuantitativa y teniendo como referente el año 2022, se usaron los datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional de Colombia y para los datos, 2023, de Medicina Legal Colombia.

Ahora bien, este informe es solo de homicidios y masacres, lo que quiere decir que no es una medición precisa que reúna todo el contexto, pero sí es un indicador importante que da cuenta de realidades y de voluntades y permite hacer aproximaciones y valoraciones, de lo que pasa en estos departamentos. El homicidio siempre será uno de los principales indicadores y, también la falta de ellos, en zonas controladas por el paramilitarismo, da mucha información y en efecto, preocupan varios municipios cuya alza es alarmante y otros donde no había registros, pero también la forma cómo esta violencia se ha sostenido en las zonas urbanas impactando negativamente en ciudades como Santa Marta y Valledupar.

Un informe de medición tendría que estar acompañado de otros datos importantes, que, aunque están establecidos son muy difíciles de cuantificar, como el caso de la extorsión, el impuesto de guerra1 y el narcotráfico, que hacen parte principal de la cadena de sostenimiento de los actores armados, pero que están limitados por la falta de denuncia. De modo que, cuando se va a las fuentes oficiales el delito como tal, se muestra como algo que está controlado (se mide en denuncias) pero la realidad, desborda en su totalidad. El problema más grande al que se enfrenta la Paz Total es justamente a estos mecanismos de financiación y el establecimiento de economías subterráneas por parte de las organizaciones armadas.

También daría cuentas de tensiones y avances. Estos seis meses permitieron campos importantes en estas dos dimensiones, así como las amenazas, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, el reclutamiento, la imposición de normas y castigos y el constreñimiento electoral, que ha sido bastante cuestionado y que va a dar cuenta de ciertas prácticas que se niegan a desaparecer con el tiempo, como la dualidad de paramilitarismo-actores políticos. Estos temas han venido siendo abordados de diferentes maneras en calidad de denuncia y preocupación, pero es importante mencionar que el monitoreo que ha establecido Pdhal., solo encontró información en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, para el caso de los delitos diferentes al constreñimiento. Sobre este particular, no hay mucho.

Asimismo, el informe diría de la pluralidad de actores en la Guajira, en una frontera porosa, pero controlada por la Segunda Marquetalia y un sector del ELN., con el apoyo de bandas y emisarios de origen venezolano.

Ahora bien, sobre los datos que trae este informe de monitoreo, es importante hacer dos claridades. La primera de ellas es que a las AGC., desde el 19 de marzo de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro solicitó la suspensión del decreto 2658, debido a las acciones violentas en contra de la Fuerza Pública y las comunidades en Tarazá (Antioquia) y exigió la actuación inmediata contra esta estructura. Eso quiere decir que por más de 3 meses este grupo no está cobijado bajo ningún decreto y su avance criminal siguió, así como su fortalecimiento en el departamento del Cesar, especialmente en Valledupar, para entrar al departamento de la Guajira; en Agustín Codazzi, para la retoma de la Serranía del Perijá y el Paso, Bosconia y el Copey, para recuperar el Magdalena. El departamento del Cesar se ha convertido en la zona de retaguardia desde donde sostienen y se coordinan acciones bélicas de avances y recuperaciones. La segunda claridad, es que, desde el 30 de junio de 2023, no hay decreto para las ACSN. El 2659 perdió todo su porte jurídico por la temporalidad; sin embargo, esto no ha afectado en nada las dinámicas en los territorios donde esta estructura tiene presencia; es decir: con decreto o sin él, sigue todo igual y esto a la luz del DIH., y los DH., es una situación anómala.

En consecuencia, a lo anterior el fortalecimiento de estas dos estructuras es innegable en estos 6 meses e incluso es tan fuerte su posicionamiento que las AGC., no podrán entrar, por ejemplo, a la Sierra Nevada de Santa Marta, ni tampoco las ACSN., podrán tomarse al  menos  alguno  de  estos municipios que se mencionaron anteriormente. La situación se hace extensiva también hacia el Estado en virtud si puede recuperar zonas que están bajo este dominio sin un Proceso de Paz o Sometimiento y sin que implique grandes traumatismo y pérdidas de vidas humanas. Al menos la relación captura-grandes comandantes, no se ha dado, como tampoco, la relación: desarticulación-zona y esto establece reglas diferenciadas de juego porque al menos, los actores armados saben que están en una posición de privilegio frente al Estado.

Finalmente, nos  gustaría  llamar  la atención sobre  la intimidación,  la sevicia y  la amenaza, representadas en mensajes contundentes: el cuerpo como transmisor. Y en esto hay un retroceso enorme en los tres departamentos. En cada uno de ellos vamos a ejemplificar para que se adquiera una mejor  comprensión  de  la  situación.  Pero  también  las  formas  diferenciadas  de  amenazas  bajo  la presunción del que te mira. Durante décadas los actores armados miraron a sus víctimas y establecieron toda una gama simbólica para marcar territorio, personas y vidas: Prohibido Cazar. AUC. Prohibido Talar. AUC. Bienvenidos a la Tierra Paramilitar. AUC. Ahora, cuando se sienten observados, recurren a la imposición de las amenazas y los asesinatos, no quiere decir que el pasado no lo hicieron, pero el uso de las tecnologías les ha permitido estar al tanto de quienes los observan y esto particularmente, no les gusta, por lo que investigadores académicos se han visto en la penosa necesidad de parar investigaciones e incluso salir del país, para evitar alguna acción desmedida en su contra. En últimas siguen siendo letales y altamente peligrosas y la reciprocidad y solidaridad en los territorios, es nula. Así como los mecanismos urgentes de implementación de medidas a amenazas.

También insistir al Estado colombiano en la necesidad de comunicar, sobre todo, a quienes viven el día a día con el paramilitarismo y no saben qué hacer. En el caso de las AGC., no hay noticias, pero si avances, tomas, posiciones, intimidaciones, extorsiones y asesinatos por doquier. Para el caso de las ACSN., también ocurre lo mismo, pero la esperanza se diluye con el pasar de los meses y la falta de noticias que digan: qué va a pasar.  La integración es importante, como también lo es la participación en los diseños de los protocolos que deben ser pensados bajos la premisa de quien vive el flagelo. En última estancia si estos protocolos hubiera estado quizá el número de infracciones cometidas fuera menor.

MAGDALENA:

El departamento del Magdalena contabilizó en este primer semestre del 2022, 199 homicidios (GICRI, 2023). Para el 2023, 243, (Medicina Legal Colombia, 2023) lo que supone un aumento del: 22%. En relación con el mismo periodo del 2022. Sigue llamando poderosamente la atención el crecimiento en la ciudad de Santa Marta y el municipio de Zona Bananera, así como la inestabilidad, en términos de posicionamiento violento de la Troncal de Oriente (ruta del Sol) y Fundación, cuyo sometimiento, por cualquier actor, es fundamental para sus proyectos expansivos hacia la subregión centro del departamento.

Fuente: Medicina Legal y Policía Nacional (2023). Datos procesados por Pdhal.

En el caso de Santa Marta, las autoridades administrativas insisten en que este aumento no se trata de una pugna por el territorio entre las AGC., y las ACSN., sino por temas de microtráfico y ajustes de cuentas. Lo que quiere decir que bajo esta premisa los únicos responsables de todos los homicidios son las ACSN., pues son la estructura mayoritaria cuyo control se extiende desde las montañas de la Sierra Nevada. Esta posición nos permite inferir una lectura muy laxa del territorio donde no se está teniendo en la cuenta varios factores: a) la representación histórica de una ciudad que desde el 2006 (fecha de la

desmovilización de las AUC) ha venido sosteniendo un legado paramilitar que le permite mantener mercados ilegales y la imposición de un prototipo de seguridad. b) las pugnas que desde el 2006 y en adelante, sometieron estas dos estructuras a la ciudad y que incluso la llevaron en dos ocasiones a ser reconocidas como dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2012 (IPC, 2012) y donde se vivieron hechos tan graves, como los que relató el portal Opinión Caribe, en un extenso reportaje, que se llamó: Silenciosamente Intimidante III, en junio de 2019 (Opinión Caribe, 2019) y, su posterior entrada, nuevamente, dentro de este ránkin en 2023 (Seguimiento.co, 2023). c) La captura de grandes emisarios del paramilitarismo,  como la de alias Belisario, en 2012, sobrino de Don Mario, fundador de esta estructura armada (Revista Semana, 2012) y d) la pluralidad de nombres que dan cuenta de una sola estructura: Clan del Golfo, Urabeños, Clan de los Usugas, que fueron conocidos bajo estos nombres pero que ellos mismo nunca dejaron de reconocerse como: Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

Ahora bien, esta premisa pierde fuerza cuando la misma Policía Metropolitana de Santa Marta, ha informado de la captura de miembros de las AGC.: “Con nuestra inteligencia hemos capturado a 41 miembros de las AGC: Policía Magdalena” (Caracol Radio, 2023), “Presunto comandante y dos cabecillas de las AGC en el Magdalena fueron capturados tras investigaciones” (Opinión Caribe, 2023) y también cuando investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Alertas Tempranas, 045 y 044, dan cuenta de esta realidad.

En entrevistas en el terreno se ha podido establecer que en efecto existe una pugna por algunas zonas que están ligadas al POTP (Plan de Ordenamiento Territorial Paramilitar); entre ellas, Gaira, Cristo Rey, la Paz y la vereda Puerto Mosquito. También se ha evidenciado ajustes de cuentas entre las mismas ACSN., en algunos barrios periféricos de Santa Marta y por supuesto, acciones de sicariatos, entre los dos bandos, en algunos barrios de la ciudad.

El  distrito  presenta  un  aumento  7%  de  sus  homicidios  en  relación  con  el 2022  donde  se registraron 81, mientras que el 2023, cerró junio con 87. Sin embargo, Zona Bananera, tiene un aumento del 108% al pasar de 24 homicidios, en el 2022 a 50 en el 2023. Sitio nuevo es quizá el municipio que presenta una mejoría enorme al tener una reducción del -88%, porque pasó de 8 homicidios a 1, en este semestre. Como parte de esta ilustración es preciso mencionar que el aumento de los homicidios en este municipio, que está más cerca de Barranquilla que de Santa Marta, se dio cuando las AGC., decretaron el paro armado en mayo de 2022, por la extradición de alias Otoniel, lo que llevó a que varios municipios del departamento del Magdalena sufrieran una arremetida violenta por parte de esta organización criminal. Como consecuencia se produjeron homicidios en gran parte de la subregión del río.

Pueblo Viejo es también otro de los municipios que genera preocupación por un aumento del 400% al pasar de un caso en 2022, a cinco en 2023. Es importante también mencionar que, en este municipio, luego de un panfleto intimidante por parte de las AGC., sufriera un atentado el corregidor el 2 de marzo de 2023, y quien logró salir ileso gracias a que el vehículo donde se transportaba era blindado y tenía una esquela de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (c.f. El Heraldo, 2023).

Frente a la pluralidad de los homicidios que se presentaron en el departamento del Magdalena, en estos 6 meses hay que mencionar el asesinato del líder cívico, Milton Rocha Peña, de San Sebastián de Buenavista, a manos presuntamente de las AGC., en febrero; el secuestro y posterior asesinato de tres personas, en los primeros días del mes de mayo, lo que configuró una masacre en el departamento de la Guajira. Sin embargo, este hecho viene asociado al departamento del Magdalena, por dos razones importantes. La primera, porque según varias versiones periodísticas, las personas fueron sacadas desde el corregimiento de Buritaca, en el departamento del Magdalena, ver: “Reportan desaparición de tres

hombres en Buritaca” (Santa Marta Al Día, 2023); “Investigan si cuerpos hallados en La Guajira son de sucreños” (Caracol Radio, 2023). La segunda razón es por el grado de sevicia que le fue imprimida a esta masacre: fueron torturados y desmembrados: “La historia detrás de los cuerpos desmembrados en la Guajira” (RCN Radio, 2023), “Cuerpos hallados en costales en La Guajira corresponden a sucreños” (El Heraldo, 2023). Masacre que es atribuida, aparentemente, a las ACSN.

Asimismo, el homicidio de un campesino en la región de San Pedro de la Sierra,  al que le dispararon en la boca como claro mensaje de intimidación (c.f. Santa Marta Al Día, 2023). Esta acción fue cometida posiblemente por las ACSN.

El tema de los homicidios marca una tendencia que no se puede desconocer porque es un indicador importante de la fragilidad en la voluntad de paz de las organizaciones armadas presentes en los territorios. Tampoco se puede desconocer que la decisión del gobierno en derogar el decreto 2658 no trajera efectos parciales sobre estos homicidios, puesto que mientras uno, en teoría, estaban acatando el Cese al Fuego Bilateral, el otro estaba impulsando la retoma, lo que generó una acción-reacción. Esto es debatible, porque justamente, la mayor concentración de homicidios se dio en el momento en que las dos organizaciones estaban dentro de los efectos de los decretos y de ahí en adelante se sostienen como muestra de poderío. Como ejemplo de ello, el denominado “corredor de la muerte”: carretera que comunica al corregimiento de Bonda con la Troncal del Caribe a la altura de la vereda las Tinajas. En estos meses han sido arrojados más de 10 cadáveres en este sector y allí dominan las ACSN. De modo que los homicidios son la base de la comprensión de estos fenómenos violentos, porque no solo marcan tendencia, sino intencionalidad, mensaje y posicionamiento, como lo que está ocurriendo en Zona Bananera, Ciénaga y la troncal de Oriente hasta Fundación, donde inclusive el paisaje ha sido permeado por grafitis de las dos organizaciones.

Foto: Pdhal, 2023

En relación con las  masacres, el departamento del Magdalena reportó en el 2022, cuatro masacres según Indepaz: enero 8 en Zona Bananera, marzo 11 y mayo 3 en Santa Marta y el 1 de junio en Zona Bananera (Indepaz, 2023). Estás masacres se dieron en zonas de pugnas por el control del territorio. Para el 2023, reporta el mismo informe: enero 25 en el Banco, 2 de febrero en Ciénaga y 14 de abril en Nueva Granada. En el mismo periodo; una masacre menos y dos de ellas, atribuidas directamente a las AGC. (c.f. Indepaz, 2023).

Vale la pena mencionar que dos de las masacres cometidas en la Guajira, fueron orquestadas desde Santa Marta, la de las tres personas de Sincelejo, de la cual se hizo mención anteriormente y la ocurrida el 15 de abril de 2023, en la Punta de los Remedios, donde 4 integrantes de las ACSN., fueron torturados y posteriormente, asesinados (El Heraldo, 2023). Esta modalidad de alguna manera llama la atención porque no se puede estudiar como un hecho aislado, lo cual implica otra posible interpretación: una de ellas, está relacionada con el POTP2., cuya base es el turismo y cualquier acción violenta de gran impacto, puede repercutir de manera negativa en la economía del territorio que es controlado por las ACSN y por consiguiente una afectación directa a sus finanzas y mayor presencia de la Fuerza Pública. Esta hipótesis se toma en base a otros hechos que se analizan en conjunto: el asesinato de 2 personas de la empresa Cootransoriente que según información aportada a esta plataforma fueron bajadas del vehículo en el sector de Marquetalia -departamento del Magdalena- y llevadas a una zona solitaria, donde fueron asesinadas. Posteriormente los cuerpos fueron arrojados en el departamento de la Guajira con un letrero que decía: por sapos (c.f. Seguimiento.co, 2023) y el otro hecho reciente fue el 28 de junio, donde un joven fue sacado a la fuerza de un montallantas en Guachaca -Magdalena- y posteriormente fue hallado con signos de tortura y asesinado en Palomino, la Guajira (Diario del Norte, 2023).

Fuente: Medicina Legal y Policía Nacional (2023). Datos procesados por Pdhal

LA GUAJIRA:

El departamento de la Guajira sigue mostrando también continuidad en su violencia, aunque los homicidios presentan un leve decrecimiento, pero no las acciones de gran impacto. En relación con el primer semestre de 2022, el departamento tuvo un comportamiento bastante aceptable, en comparación con el mismo periodo de 2023, con un aumento del 1%. El 2022 registró 86 homicidios y el 2023, 87, lo que es una noticia positiva. Riohacha se mantuvo con un homicidio más, 26, para el 2022 y 27 para el 2023 y Maicao, que preocupaba su alza, porque terminó prácticamente igualando las cifras de homicidios en todo el año con Riohacha (2022) muestra una reducción importante: -27%. 26 homicidios para el 2022, 19 para el 2023.

Sin embargo, Maicao, por su condición fronteriza se enfrenta a otro tipo de dinámicas violentas y sucesiones que hacen necesaria una lectura más en conjunto de su realidad puesto que ni las AGC., ni las ACSN., tienen mayor injerencia en este municipio. Aquí juegan un papel importante, la Segunda Marquetalia, el ELN., y los Pranes.

Fuente: Medicina Legal y Policía Nacional (2023). Datos procesados por Pdhal

Y, pese a que existe una mejoría evidente, no quiere decir que esté controlado puesto que el avance de las ACSN., hasta Riohacha y el dominio establecido en Pelechua adquieran otras dimensiones. De hecho, preocupa esta llegada debido a que normalmente, esta estructura solo iba hasta San Salvador y en el 2023, retomó esta arremetida con fortaleza llegando a desplazar a las AGC., de Mingueo y Dibulla. Aunque todavía se mantenga la presencia de este grupo.

Ahora bien, existen razones de preocupación en la Guajira a partir de la Alerta Temprana de Inminencia 025-2023, que advierte:

“Las acciones violentas contra las comunidades están relacionadas principalmente con la disputa por el control territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo). Este último grupo armado pretende ingresar al territorio dominado por años por las ACSN y controlar negocios ilegales, rutas de narcotráfico y otras formas ilícitas de financiación (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2023)».

Esta advertencia sitúa a Dibulla, que registra los hechos violentos de: Mingueo, La Punta de los Remedios, Las Flores, Palomino y Rioancho y que tiene un incremento del 40% en los homicidios; en contraste con Fonseca, que muestra una disminución del -60%.

En relación con las masacres -que son un hecho de alto impacto- adquieren importancia también por la distribución. En el 2022, hubo 4 en todo el año, pero para este periodo de tiempo solo tendremos en la cuenta 3 que corresponden con la temporalidad descrita en este documento: una en Maicao (01.03); una en Uribia (28.03) y en una en Manaure (02.04), lo que de alguna manera nos da pistas para pensar que no son responsables ni las AGC., ni las ACSN., por lo descrito anteriormente. Ahora bien, para el 2023, si van 4 masacres cuya relación sí está asociada al territorio enunciado por la Alerta Temprana

de la Defensoría del Pueblo: Riohacha (13.01); Albania (23.03); Dibulla (15.04); Riohacha (21.05). Todo este  corresponde  al  corredor  que  va  entre  el  peaje  del  Ebanal  hasta  Riohacha  y  la  troncal  del Carbón (c.f. Indepaz, 2023). Zonas controladas por las ACSN.

En cuanto al asesinato de líderes sociales, sindicales y Defensores de Derechos Humanos, -de acuerdo con la temporalidad establecida- se encuentra el de un líder indígena el 2 de abril de 2023, en Manaure y el de un funcionario de la Defensoría del Pueblo, el 15 de abril de 2023 en Riohacha (c.f. Indepaz, 2023). En total en 2022, un líder campesino de San Juan del Cesar; un sindicalista en Dibulla y un líder indígena en Uribia, fueron asesinados. De igual manera se reportan hechos de amenazas a líderes indígenas y personas en ejercicio de la política y funcionarios públicos, con atentados, en los que salieron ilesos, situación que no le resta a la gravedad del hecho. En marzo fue atacada la vivienda del diputado Miguel Felipe Aragón (Mejía, 2023); atentado en contra del rector de la Institución Etnoeducativa No. 1, sede Limoncito del municipio de Maicao, Juan Pablo Epieyu (Mejía, 2023) y disparos a la vivienda del rector de la Universidad de la Guajira, Carlos Arturo Robles Julio (Brugés, 2023).

La AT.: 025-2023 hace una descripción detallada de la importancia de revisar estos escenarios y proyectar acciones urgentes, es una alerta de inminencia, que pone bajo la lupa la necesidad de la protección de los liderazgos en los territorios y las garantías plurales para quienes van a ejercer o están ejerciendo proselitismo político. De igual manera, varios de estos atentados están relacionados con el crecimiento del fenómeno extorsivo en los que profesores, comerciantes, hoteleros, finqueros y las empresas, de los tres departamentos, vienen denunciando estas exigencias hacia ellos por pagos mensuales a cambio de no atentar contra su integridad física, la de algún familiar y en el caso más extremo: contra algún estudiante o trabajador.

Estos mecanismos extorsivos coinciden con todo un abanico de homicidios y masacres, que, aunado a panfletos intimidantes, asociados a las dos organizaciones (AGC y ACSN) generan un ambiente propicio que favorece la intimidación y facilita el delito. En últimas, lo que estos dos grupos es controlar la parte final de una ruta de narcotráfico que se extiende desde el Catatumbo y el Sur de Bolívar, hacia un territorio vasto e inhóspito y casi despoblado, que les permita mantener protección a aliados del narcotráfico y por supuesto, cobrar por esa ruta; pero también fortalecer la cadena del microtráfico, tema que se ha venido dejando a un lado y cuyo crecimiento es alarmante, además de la cantidad de muertes violentas que pone en el año.

El departamento de la Guajira en este primer semestre mostró reducciones importantes en delitos como el homicidio, lo que da cuenta de mecanismos de articulación de la Fuerza Pública para contener este delito: en últimas los picos altos coinciden con procesos de tomas y retomas de los actores paramilitares que desbordan la capacidad operativa porque solo actúan bajo lógicas de exterminio.

CESAR:

El departamento del Cesar y su capital Valledupar, son escenarios de varias confrontaciones: la geografía privilegiada del departamento es usada de manera negativa por los diferentes actores para controlar, dejando a su capital sumida en una grave preocupación ante los altos costos de violencias que recibe día a día. De modo que bajo esta premisa tiene tres miradas diferenciales en contexto de la violencia, de actores y de visiones. Para este documento solo vamos a usar una de ella: la que está en contexto con la Sierra Nevada de Santa Marta. Las otras dos (contexto Sur de Bolívar, Serranía del Perijá y la frontera colombo-venezolana) y (contexto con Catatumbo y los Sures) serán analizadas en otro documento; sin embargo, en conjunto revela datos preocupantes. En últimas como se decía anteriormente se debe revisar bajo tres ópticas, pero en cualquiera de las tres el incremento de los homicidios es significativamente alto.

Fuente: Medicina Legal y Policía Nacional (2023). Datos procesados por Pdhal.

Valledupar, al cierre de estos primeros seis meses ha recibido la imposición violenta directamente de las AGC. A diferencia de los otros tres departamentos en los que esta organización sostiene disputa territorial (Magdalena y La Guajira) en este no se han evidenciado estos conflictos, lo que nos deja con un solo actor principal dinamizador de las ofensivas: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La capital cesarense, en el primer semestre de 2022, reportó según los datos de (GICRI) un total de 57 homicidios. Para este mismo periodo en 2023 y en cifras de (Medicina Legal Colombia) 74, lo que supone un aumento del 30%.

El corredor que va desde Valledupar hasta el Copey tiene una gran importancia para las AGC., porque es la entrada al departamento del Magdalena, hacia el centro y sur y hacia al norte y, al menos en su momento, fue la entrada por la que había tenido menos resistencia: en el 2022, llegó a controlar hasta Ciénaga (Magdalena). Luego, por las capturas de alias 57 (Revista Semana, 2022) y alias 81 (La W,

2022) esta organización se vio obligada a ir saliendo del departamento del Magdalena por los continuos asedios de las ACSN., lo que hace retroceder hasta Fundación y establecerse en el Copey. Con este nuevo dinamismo (todavía inconcluso puesto que la intención de las ACSN) es sacarlas del departamento se siguen manteniendo roles de control territorial lo que implica homicidios.

Bosconia es también epicentro de esta problemática porque sus dos vías de intercomunicación principal convergen allí (la Ruta del Sol y la Ruta de los Contenedores) que une el país con el centro y con las márgenes del rio Magdalena y pese a que presenta una leve mejoría en los homicidios, 11 en el 2022 y 12 en el 2023, (un caso menos equivalente a un incremento del 9% ) o el Copey que tuvo una reducción del -18% al pasar de 11 casos a 9 en el 2023, no es muestra de estabilidad sino que la disputa se ha concentrado en otra zona, en este caso, los municipios de: Zona Bananera, el  Retén, Aracataca y Fundación, que intrínsicamente relacionados con esta situación.

Fuente: Medicina Legal y Policía Nacional (2023). Datos procesados por Pdhal.

Ahora bien, es importante tener el conjunto de todo el análisis del departamento porque los territorios adquieren correlación, por ej.: el contexto a la Sur de Bolívar, Serranía del Perijá y la frontera colombo-venezolana, que afecta municipios y departamentos y que no es posible leerlos por separados, aunque la intencionalidad del actor armado si lo sea. Una cosa es recuperar la Serranía del Perijá y otra muy diferente los corredores de movilidad, pero en cualquier de los casos los homicidios aumentan la percepción de inseguridad y se leen de manera lineal.

La tabla anterior da cuenta del aumento en los municipios en este cordón que viene desde: la Paz, San Diego, Agustín Codazzi, el Paso, Astrea, Chimichagua y Tamalameque; estos tres últimos cobijado con la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, 012 del 2021 (SAT, 2021) y en todos con incremento en los homicidios y por supuesto el otro corredor hacia el Catatumbo y la Serranía de San Lucas.

Volviendo a Valledupar, es importante mencionar que, durante este primer semestre, adicional al número elevado de homicidios, está también el hallazgo de varios cuerpos con signos de tortura y actos de desmembramiento, lo que ha generado terror entre las personas porque este tipo de actos de barbarie no se veían desde la época dura del paramilitarismo en esa región, ver: (Semana, 2023) y (Vence, 2023).

Frente a las masacres y en relación con la temporalidad descrita en este documento, no hubo para el primer semestre de 2022 y para este periodo se han registrado dos; una en Tamalameque, corredor Sur de Bolívar, Serranía del Perijá y la otra en Río de Oro, corredor Catatumbo – Serranía de San Lucas; es decir, que para la situación descrita en lo que corresponde a la problemática enunciada en la Sierra Nevada de Santa Marta, no hay registros de estos hechos. Ahora, si miramos el asesinato de líderes (campesinos, indígenas, cívicos, comunales y de Derechos Humanos) el panorama genera preocupación: en datos de (Indepaz, 2023) en el 2022 fueron asesinados dos líderes campesinos en San Martín y un líder comunal en Aguachica (corredor Catatumbo-Serranía de San Lucas) y no por esto es de menor importancia, como tampoco lo es, el asesinato de otro líder campesino, para el segundo semestre de

2022, en Tamalameque, Sur de Bolívar- Serranía del Perijá. Lo que sí preocupa es que estos asesinatos se están concentrando en la capital. Un líder indígena y uno comunal en Valledupar; un líder cívico en el Copey y uno más en Pailitas, lo que quiere decir que hay un aumento y concentración de estos crímenes tan repudiables.

DATOS FINALES

Los corredores de movilidad son un ejercicio permanente de recuperación de estas organizaciones  criminales  presentes en el territorio. En  el departamento  del Cesar han  vuelto  los secuestros extorsivos a ganaderos y esto ha generado una acción de activación del paramilitarismo porque sirve de aliciente para controlar zonas. Asimismo, los tres departamentos están siendo atacados con varias modalidades de extorsión, donde la clásica y las hechas desde los establecimientos carcelarios son las más recurrentes.

El factor homicidios es determinante para medir estabilidad en los territorios. En todos los casos es sumamente preocupante porque incluso, donde hay reducciones, estás no son abruptas y sumando otras dinámicas violentas se puede inducir que para el segundo semestre los casos se pueden multiplicar, como está pasando en Santa Marta, que luego de terminarse el decreto, la ciudad ya estaba pasando por una ola alta de homicidios y después que acabó, siguió en aumentó.

Fuente: Medicina Legal y Policía Nacional (2023). Datos procesados por Pdhal.

Es también preocupante el reclutamiento forzado y el crecimiento de estas dos estructuras. Las ACSN., pasaron de tener un promedio de 200 personas a unas 1.200 en datos entregados recientemente por el comandante político de dicha organización en una entrevista a la AFP (Radio Francesa Internacional, 2023). Esto queire decir que en lo que va corrido de este semestre y, de ser ciertas estas cifras, aun no validadas en terrerno y con las cuales esta plataforma tiene serias dudas, la volutariedad de paz de esta organización se vería seriamente comprometida, porque basicamente se dedicaron a crecer en tropas y en territorio.

BIBLIOGRAFÍA